El Gobierno aprueba por decreto-ley indemnizaciones de hasta 250.000 euros para víctimas de la dictadura franquista

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, mediante un real decreto-ley, a una ampliación significativa de las indemnizaciones para las personas que fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la democracia durante el franquismo. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de marzo de 2026, modifica la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, con el objetivo declarado de "actualizar y complementar" medidas reparadoras que se consideraban insuficientes.

La principal novedad del Real Decreto-ley 6/2026 radica en la extensión del periodo indemnizable. Mientras la anterior legislación, la derogada Ley 52/2007, limitaba el reconocimiento a los hechos acontecidos entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, la nueva norma amplía este plazo hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución Española. Este marco temporal se alinea así con el ya establecido en la Ley de Memoria Democrática de 2022.

Junto a la ampliación del plazo, el decreto-ley incrementa sustancialmente las cuantías económicas. La indemnización por fallecimiento se eleva hasta los 250.000 euros, una cifra que, según la exposición de motivos, busca homologarse con otros regímenes reparadores, como el de las víctimas del terrorismo. Asimismo, se actualizan las cantidades para los casos de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Todas estas indemnizaciones estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una medida para la que se modifica expresamente la Ley 35/2006.

El texto justifica la utilización de la figura excepcional del decreto-ley —que requiere de una "extraordinaria y urgente necesidad"— en la avanzada edad de los potenciales beneficiarios o sus familiares. Argumenta que se encuentran en "un momento vital en el que sus necesidades económicas se acrecientan al tiempo que se reducen sus ingresos con motivo de su jubilación". Añade que el resarcimiento "puede frustrarse si no se resuelve con la prontitud necesaria", cerrando la puerta a una tramitación parlamentaria ordinaria que se consideraría demasiado lenta.

Un instrumento normativo bajo escrutinio

El uso del decreto-ley para esta materia es uno de los aspectos que puede suscitar debate jurídico y político. El propio texto dedica una parte extensa a defender su constitucionalidad, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional que permite su empleo en materia tributaria siempre que no afecte al "régimen general" o a los "elementos esenciales" de los tributos. El Gobierno sostiene que la exención del IRPF para estas indemnizaciones es un caso "muy específico y extraordinario" que no altera el deber general de contribuir a los gastos públicos.

Desde una perspectiva crítica, podrían plantearse cuestiones sobre la verdadera urgencia de una medida que aborda hechos históricos de hace casi medio siglo. Mientras el Ejecutivo alega la necesidad de reparar con celeridad a un colectivo envejecido, las fuerzas políticas opuestas podrían argumentar que se trata de una cuestión que merecía un debate más pausado en el Parlamento, evitando la legislación de urgencia.

La norma también actualiza el procedimiento administrativo, designando a la Dirección General de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática como el organismo encargado del pago, y adapta la composición de la Comisión de Evaluación que estudiará las solicitudes.

Esta ampliación reparadora se enmarca en la política de memoria democrática impulsada por el Gobierno, que busca, según la exposición del decreto, cumplir con los "Principios y directrices básicos" de Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas a obtener reparación. La medida intenta saldar una deuda histórica con quienes, durante la lucha contra la dictadura, perdieron la vida o su capacidad de trabajo, equiparando su tratamiento al de otras víctimas, como las del terrorismo.

Fuentes

• Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 56, de 4 de marzo de 2026. BOE-A-2026-5060
• Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
• Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (derogada).
• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
• Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, por el que se regulan las condiciones y el procedimiento para el abono de las indemnizaciones reconocidas en la Ley 52/2007.