Solo dos empresas compiten por un contrato público de 33.000 euros para suministrar material a un laboratorio estatal

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho pública este 4 de marzo de 2026 la formalización de un contrato menor por un valor de 32.941,24 euros para el suministro de material de laboratorio. El procedimiento, gestionado por la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión Económica, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha saldado con una baja participación: únicamente dos empresas presentaron ofertas, una de ellas una pequeña y mediana empresa (pyme).

El objeto del contrato es el “Suministro de material fungible y de vidrio de uso general” para el Centro de Investigación y Control de la Calidad (C.I.C.C.), un organismo cuya actividad principal se enmarca en la protección social. Según los códigos CPV detallados en el anuncio, el material incluye artículos de vidrio para laboratorio, papel de filtro, guantes desechables, puntas de pipeta y otros recipientes.

La adjudicación se realizó el pasado 19 de febrero mediante un Procedimiento Abierto Supersimplificado, una fórmula prevista en la Ley de Contratos del Sector Público para agilizar licitaciones de menor cuantía. El criterio determinante fue abrumadoramente el precio, con una ponderación del 90%, mientras que el compromiso del plazo de entrega representó solo un 10% de la evaluación.

La empresa ganadora fue COSELA S.L., una pyme con sede en Sevilla y número de identificación fiscal B41046665, que presentó la oferta económica más baja, valorada en 32.941,24 euros. La otra oferta recibida ascendía a 35.461,00 euros, lo que supone una diferencia de aproximadamente 2.500 euros. No se especifica en el anuncio si la oferta de mayor coste procedía de otra pyme o de una gran empresa.

Contexto y posibles implicaciones

La escasa participación en este contrato público –solo dos ofertas– puede generar interrogantes sobre la difusión y el atractivo de la licitación, especialmente en un sector, el del material de laboratorio, con un mercado amplio y competitivo. Los procedimientos supersimplificados, aunque ágiles, dependen en gran medida de una publicidad efectiva para garantizar una competencia suficiente que beneficie al erario público.

El hecho de que el precio haya sido el factor casi exclusivo para la adjudicación (90%) es una práctica común en contratos de suministro estandarizado, pero expertos en contratación pública a menudo señalan que una ponderación excesiva en este aspecto puede relegar otros valores como la calidad, la innovación o criterios sociales y medioambientales, que están ganando peso en las políticas de compra pública responsable.

Por otro lado, la adjudicación a una pyme del sur de España puede leerse como un dato positivo en el fomento de la diversificación geográfica de los proveedores del Estado y el apoyo a este tipo de empresas, uno de los objetivos declarados de la legislación de contratos.

La formalización de este contrato se enmarca en la actividad rutinaria de aprovisionamiento de un centro de investigación público. Su publicación en el BOE cumple con la obligación de transparencia y publicidad que rige la contratación pública, permitiendo el escrutinio ciudadano. Los posibles recursos contra la decisión podrán presentarse ante el propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Fuentes

• Boletín Oficial del Estado (BOE). "Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión Económica. Expediente: 252909PSS013." Número 56, Sección V, Subsección A, Páginas 10331-10332. Publicado el 4 de marzo de 2026. Disponible en PDF.
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que regula el Procedimiento Abierto Supersimplificado.