El Puerto de Tarragona concede a Noatum una terminal mecanizada por 40 años

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona ha hecho pública la resolución por la que otorga a la mercantil Noatum Terminal Tarragona S.A. una concesión para la construcción y explotación de una nave mecanizada en el muelle de Castilla centro. El acuerdo, aprobado el 25 de febrero de 2026 y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de marzo, establece un plazo de 40 años para la empresa, un período extenso que centra el análisis sobre la estrategia de gestión del dominio público portuario.

La concesión, formalizada bajo el expediente número 368, otorga a Noatum el derecho a ocupar una superficie de 10.917,92 metros cuadrados en una zona estratégica del puerto. A cambio, la empresa deberá abonar dos tasas anuales: una de 61.265,81 euros por la ocupación del terreno de dominio público y otra de 124.740 euros por el desarrollo de la actividad, lo que suma una contraprestación anual fija para las arcas portuarias de 186.005,81 euros. El plazo de la concesión, que se contará a partir del día siguiente a la notificación del acuerdo, se enmarca dentro de los límites legales, aunque su extensión cuadragenaria es significativa.

Desde un punto de vista económico, la operación consolida la presencia de Noatum, un operador logístico de capital privado con fuerte implantación en el sector marítimo español, en un puerto de referencia del Mediterráneo. La empresa se compromete a construir y operar una terminal mecanizada, lo que presumiblemente incrementará la capacidad y modernización de las operaciones de carga y descarga en Tarragona. Las autoridades portuarias defienden este tipo de concesiones como un motor para la competitividad y la atracción de tráfico marítimo.

Sin embargo, la noticia también abre espacio para la crítica y el análisis. Por un lado, se plantean cuestiones sobre la transparencia y concurrencia en el proceso de adjudicación. La resolución publicada en el BOE notifica un acuerdo ya adoptado, sin detallar si hubo un procedimiento competitivo público previo o los criterios específicos que llevaron a la elección de Noatum. Esta falta de detalles contextuales en el anuncio oficial es habitual en este tipo de publicaciones, pero puede alimentar debates sobre la gestión de bienes públicos.

Por otro, el plazo de 40 años suscita reflexiones sobre el equilibrio entre la seguridad jurídica que necesita una empresa para realizar grandes inversiones y el control público a largo plazo sobre infraestructuras críticas. Los defensores de un modelo de gestión más abierto y sujeto a revisiones periódicas podrían ver en este plazo una cesión muy prolongada de un activo público estratégico.

El contexto legal de la operación se basa en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. La resolución se fundamenta en sus artículos 30.5, relativo a las facultades del Consejo de Administración portuario, y 85.7, que regula la obligación de publicidad de este tipo de acuerdos. La firma del presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago J. Castellà Surribas, el 27 de febrero, da fe del acto administrativo.

La concesión llega en un momento de intensa transformación del sector logístico y de búsqueda de eficiencia en los puertos españoles. Mientras la Autoridad Portuaria de Tarragona y el Ministerio de Transportes subrayan el impulso a la inversión privada, algunos sectores observarán de cerca el impacto de esta decisión en el ecosistema portuario local, los posibles efectos sobre la competencia y si las condiciones económicas del acuerdo se alinean con el máximo beneficio público para un activo de todos los ciudadanos.

Fuentes:

• Boletín Oficial del Estado (BOE). "Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el otorgamiento de concesión a la mercantil Noatum Terminal Tarragona S.A. (Expediente 368)." Núm. 56, Sección 5B, de 4 de marzo de 2026, páginas 10358. BOE-B-2026-6617
• Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre).