Medidas urgentes en materia económica, de transporte, Seguridad Social y vulnerabilidad

La norma establece la revalorización de las pensiones públicas para 2025 en un 2,8 %, fija el límite máximo de pensión en 3.267,60 euros mensuales y actualiza las bases de cotización. En materia de empleo, prohíbe que las empresas beneficiarias de las ayudas directas del decreto justifiquen despidos objetivos basados en el aumento de costes energéticos hasta el 31 de diciembre de 2025.

En transporte, implementa un nuevo sistema de ayudas directas desde julio hasta diciembre de 2025 para reducir el precio de títulos multiviaje y abonos (gratuidad infantil, 50 % para jóvenes y 20 % general). Incluye subvenciones para la adquisición de bicicletas de pedaleo asistido, apoyo a servicios públicos de préstamo de bicicletas y descuentos específicos en servicios de Renfe y transporte por carretera. Asimismo, establece la gratuidad total (100 %) de los abonos de transporte público terrestre en Canarias e Illes Balears.

Para colectivos vulnerables, suspende los desahucios y lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2025 y crea una línea de avales estatales para cubrir impagos de alquiler de jóvenes y familias vulnerables. También prorroga hasta junio de 2025 las medidas de reconstrucción económica de la isla de La Palma y extiende la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables durante todo 2025.

Finalmente, la norma incluye medidas económicas como la prórroga hasta 2026 del control de inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos, la suspensión de la causa de disolución por pérdidas para empresas afectadas por la DANA y la autorización de endeudamiento excepcional para la Comunitat Valenciana en 2025.