Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario

La norma tiene como objetivo prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo. Establece una jerarquía de prioridades que prima la prevención, seguida de la donación para consumo humano, la alimentación animal, el uso como subproductos y, finalmente, el reciclado o valorización energética. Se fija la meta de reducir para 2030, respecto a 2020, los residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y consumo en un 50 %, y las pérdidas en las cadenas de producción y suministro en un 20 %.

Impone obligaciones a los agentes de la cadena, como la elaboración de planes de prevención y la promoción de convenios de donación con entidades sociales, exceptuando a microempresas y pequeñas explotaciones agrarias. Las empresas de hostelería deben permitir que los consumidores se lleven los alimentos no consumidos sin coste adicional. Asimismo, crea un Plan Estratégico y un Plan Nacional de control, y establece un régimen sancionador con multas que oscilan entre los 2.000 euros para infracciones leves y los 500.000 euros para las muy graves.

La ley regula un nuevo procedimiento para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal basado en certificaciones autonómicas, creando el Consejo Agrario como órgano consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, incluye medidas excepcionales como ayudas a los sectores del olivar y viñedo por 370 millones de euros, la declaración de interés general de diversas obras de regadío y caminos naturales, y la modificación de la gestión de especies depredadoras para garantizar la eficiencia productiva.