Aprobación de la Ley de Transparencia de Euskadi

El Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 3/2026, de 14 de mayo, de Transparencia de Euskadi, publicada en el BOE el 3 de junio de 2026. Esta normativa regula la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública en el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, incluyendo entidades locales, el Consejo de Relaciones Laborales, el Consejo Económico y Social y la Universidad del País Vasco. Asimismo, extiende obligaciones de publicidad activa a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban subvenciones públicas superiores a 100.000 euros o cuyo 40% de ingresos anuales provengan de ellas, siempre que alcancen un mínimo de 5.000 euros.

La ley establece la creación de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, una entidad pública independiente que actuará como garante del derecho de acceso a la información y como autoridad de protección a informantes en la lucha contra la corrupción, según lo previsto en la Ley 2/2023. Esta autoridad sustituirá a la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública. La presidencia de Gardena será elegida por el Parlamento Vasco por mayoría de tres quintas partes para un mandato de cinco años.

En materia de participación, la normativa introduce la figura del derecho a promover iniciativas reglamentarias ciudadanas y crea el Registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía, así como el Registro de grupos de interés de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Además, el Lehendakari deberá elaborar en el primer cuatrimestre de cada legislatura un programa de gobierno con objetivos e indicadores para su seguimiento y evaluación.

Finalmente, la ley contempla un régimen sancionador para los incumplimientos en materia de publicidad activa y acceso a la información. Las sanciones para altos cargos pueden incluir multas de hasta 12.000 euros o el cese en el cargo, mientras que para entidades privadas las multas pueden alcanzar los 400.000 euros, pudiendo conllevar como sanción accesoria el reintegro de subvenciones o la resolución de contratos.